¿Qué consecuencias puede tener la falta de acuerdos de extradición para la justicia internacional?
Demanda ejecutiva por obligaciones de hacer y no hacer, solicitando indemnización de daños y perjuicios
Teniendo en cuenta las euroórdenes, los acuerdos bilaterales y el Convenio Europeo de Extradición, solo 2 países del Viejo Continente se pueden considerar al margen de la posibilidad de España para pedir la devolución de sus ciudadanos que hayan huido de la justicia.
Algunos resultados atribuidos al trabajo de la JTFA han llamado la atención aparte de la extradición de los cuatro guatemaltecos acusados de la muerte de Marta Raymundo.
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¿Qué ocurre si una persona acusada o condenada por un delito en España se encuentra en un país sin tratado de extradición?
Pie de foto, El grupo Alpha se creó en 2021 cuando crecían las detenciones de migrantes en la frontera con México, pero sus responsables niegan que persigan a estos.
Los tratados de extradición son muy importantes para la cooperación internacional en materia de justicia. Permiten a los países trabajar juntos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos graves.
Mientras, su pequeño vecino es la única dictadura que sobrevive website a día de hoy de Europa, lo que ha complicado las relaciones con el resto de sus vecinos continentales.
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
Si un ciudadano español comete un delito en un país sin acuerdo de extradición, las autoridades españolas no pueden traerlo de vuelta para enfrentar la justicia en España.
Otro ejemplo es el de la hondureña María Mendoza-Mendoza, también conocida como “La Patrona” o “La Güera”, quien recibió en mayo una sentencia de ten años de prisión por contrabando humano tras ser extraditada a EE.
Además, la falta de tratados de extradición puede dificultar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional.
El Gobierno y la Suprema Corte rebajan el tono para negociar la letra pequeña de la reforma judicial